Comision 7701 - Derecho Penal y Procesal Penal

Resumen de Recursos

2009-11-20T05:18:00.000-08:00

Adjunto al presente un resumen del tema recursos, tal como había prometido en clase.

Te pediría, por favor, lo subas a la página del grupo de estudiantes.

Hacé llegar mis disculpas por no haber podido cumplir antes.

Saludos, Leandro D'Ascenzo.

PD: Seguramente mañana te pase unos modelos con escritos de recursos para que también los subas.

RECURSO DE REPOSICIÓN (o revocatoria):
Tendiente a obtener que, en la instancia en la cual fue dictada una resolución, se subsanen por el mismo tribunal los agravios que aquélla pudo haber inferido.
Resoluciones contra las que procede: únicamente sobre las dictadas sin sustanciación, es decir, resoluciones dispuestas sin que las partes -con anterioridad al pronunciamiento- hayan tenido oportunidad de exponer sus razones o argumentos sobre la cuestión tratada.
Plazo y lugar para presentación: dentro del tercer día de la correspondiente notificación, en el tribunal cuya resolución es materia del recurso.

RECURSO DE ACLARATORIA:
Remedio previsto para lograr que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la afecten, siempre que no se altere lo esencial del pronunciamiento.
Resoluciones contra las que procede: sentencias, autos o decretos. Es decir, cualquier clase de resolución.
Plazo y lugar de presentación: dentro del término de tres días, ante el tribunal que dispuso lo que desea aclararse.

RECURSO DE APELACIÓN: (etapa de instrucción)
Su objetivo es lograr que un tribunal superior en grado al que dictó la resolución impugnada, tras un nuevo examen de las cuestiones de hecho y de derecho, y en la medida de los agravios articulados, disponga la revocación de aquélla.

Resoluciones contra las que procede: autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable.

Plazo y lugar de presentación: dentro del tercer día, ante el juez que dispuso la resolución que se apela. Éste realiza un primer juicio de admisibilidad y, si lo pasa, el recurso es resuelto por la Cámara de Apelaciones.

RECURSO DE CASACIÓN:
Su objetivo es enmendar las deficiencias de la sentencia o resolución equiparable a ella. Fallos de importancia relacionados con este recurso son “Casal” (20/9/2005, CSJN), “Arce” (14/10/1997, CSJN) y “Giroldi” (7/4/1995, CSJN).

Resoluciones contra las que procede: además de los casos previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en el Código Procesal, el recurso se puede deducir contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Plazo y lugar de presentación: dentro del término de diez días de notificada la resolución, ante el tribunal que la dictó. Éste realiza un primer juicio de admisibilidad y, si lo pasa, el recurso es resuelto por la Cámara de Casación.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD:
Resoluciones contra las que procede: sentencias definitivas o autos mencionados en el art. 457 del CPPN si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente.
Plazo y lugar de presentación: equiparado al procedimiento para el recurso de casación.

RECURSO DE QUEJA:
Resoluciones contra las que procede: denegatorias de los recursos de apelación, casación e inconstitucionalidad. Cuando un tribunal no concede alguno de los recursos mencionados, el recurrente puede ir en queja al tribunal superior de aquél.
Plazo y lugar de presentación: dentro de los tres días de notificado el decreto denegatorio si los tribunales (son dos: el que denegó el recurso original y el que tratará la queja) tuvieren su asiento en la misma ciudad; en caso contrario, el término será de ocho días. Se presenta directamente ante el superior del tribunal que denegó el recurso original (apelación, casación o inconstitucionalidad) y no ante éste.

RECURSO DE REVISIÓN:
Resoluciones contra las que procede: sentencias condenatorias firmes. Siempre a favor del condenado.
Plazo y lugar de presentación: en cualquier momento, ante la Cámara de Casación.

RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY:
Se presenta para unificar criterios de las distintas salas de una cámara. La cámara está compuesta por distintas salas (conformadas por tres jueces cada una). Ante criterios divergentes de las salas, se peticiona el tratamiento de un tema puntual por todos los jueces: ello da lugar a un fallo plenario, que unifica a futuro la jurisprudencia de la cámara, evitando así sentencias contradictorias.
La ley 24.050 reglamenta este recurso para la Cámara de Casación, disponiendo que debe ser presentado dentro de los cinco días de notificada la resolución que se recurre, ante la sala interviniente.

Pelicula: No ser Dios y cuidarlos

2009-11-10T04:51:00.000-08:00

Salón Auditorium Facultad de Derecho

Lunes 30 de Noviembre 2009 a las 16:30 Hs.

(Click sobre la imagen para agrandar)

Caso Procesal y Teoria del Delito

2009-10-27T04:57:00.000-07:00

El 20 de Febrero, dos sujetos armados ingresaron por la fuerza en la vivienda lindante al Supermercado sito en Guardia Vieja al 4200, propiedad de Lin Yi. Luego de encerrar a todos los habitantes de la casa, exigieron a Yi la entrega del dinero, aproximadamente US$ 5000; antes de irse, uno de ellos le disparó a Yi en la cabeza, produciéndole una herida grave, de la que ya se encuentra fuera de peligro.

A la semana siguiente se produjo un hecho similar, esta vez, en un restaurante chino sito en Av. Corrientes al 4500. En esta oportunidad, el dueño disparó contra uno de los atacantes, quien cayó herido al suelo y fue identificado como Wuan, quedando detenido. El otro pudo huir antes de que llegue la policía.

Es así que ante la posibilidad de encontrarse ante los mismos autores, el juez ordenó una rueda de reconocimiento de Wuan por parte de los damnificados del supermercado de Guardia Vieja, sin embargo ninguno reconoció a Wuan como uno de los autores del ilícito.

No quedando más medidas que realizar, Wuan es sobreseído por el delito cometido en Guardia Vieja, en Abril y enviado a juicio por el ilícito de Av. Corrientes.

En Junio, un vecino informa que su hijo filmó la huida de los autores del supermercado de Guardia Vieja, aportando el video al juez de la causa.

Al observarlo, se ve claramente, que ambos autores salen corriendo del supermercado y se introducen en un rodado estacionado en la esquina, frente al local.

El video permite identificar a Tiag como el que maneja el automóvil y a Wuan como su acompañante.

Tiag es detenido e imputado por el delito cometido en el supermercado y Wuan nuevamente detenido antes las nuevas pruebas.
Responda:
Ante qué delitos nos encontramos.
Analice según la T. del delito.
Procesalmente, si fuese el defensor de Wuan qué alegaría?
Y si fuese el abogado de Tiag?

Causas Delegadas y no Delegadas, Denuncias, Instruccion Sumaria, NN, Archivo de las Actuaciones, Citaciones

2009-10-13T05:51:00.001-07:00

Causas delegadas

Lo primero que tenemos que saber es que a una fiscalía ingresan expedientes de diversa índole, ya sea, denuncias que hacen los particulares o sumarios donde la policía actuó de oficio (prevención) y que estas causas siguen distintos trámites. Intentaremos ver, someramente, cada uno de estos trámites.

Modo de iniciación del proceso

El procedimiento penal se inicia con la denuncia o la prevención policial y finaliza con la ejecución de la pena si el imputado fue condenado; en caso de ser declarado inocente, termina con la sentencia absolutoria del tribunal que juzgó.

Denuncias

Ante la comisión de un delito, el damnificado, víctima o testigo pueden presentarse ante el juez, el fiscal o la Policía o alguna otra Fuerza de Seguridad (Policía Aeronáutica, Gendarmería, Prefectura o Servicio Penitenciario) y hacer la denuncia. A partir del 12 de Mayo de 2009, el Procurador recomienda a los Sres. Fiscales –PGN 0050/2009-, que aquellas personas que se presentan en la fiscalía a denunciar y no hayan efectuado una presentación por escrito, completen un formulario de “denuncia tipo” que se tendrá impreso a tal efecto. En tales casos, se deberá asesorar al denunciante sobre como completar el formulario y en caso de que no esté en condiciones de hacerlo, se proceda a asistirlo directamente. Posteriormente, se lo invitará a prestar declaración testimonial con la finalidad de que pueda indicar todos los pormenores de los hechos cuya investigación pretenda.

Como decíamos, cualquier persona que se entere de la comisión de un delito (denunciante) o se considere lesionada por un delito puede denunciarlo (damnificado); además, el que se considere particularmente ofendido se puede constituir en querellante (art. 82 CPPN)
El damnificado (víctima) tiene derecho a conocer el estado de las actuaciones, aunque no puede ver el expediente (arts. 79 y 80 CPPN)

Prevención

Es la actividad que realiza cualquier Fuerza de Seguridad para impedir que se cometa un delito que se está llevando a cabo.

Etapas del proceso

Instrucción: etapa más inquisitiva, se caracteriza por la investigación.
Juicio: etapa más acusatoria, se caracteriza por la oralidad, inmediatez y publicidad.
Ejecución de la pena: es el cumplimiento de la condena impuesta luego de un juicio.

PARTES DE UN PROCEDIMIENTO
Todo procedimiento se caracteriza por tener: Inicio, desarrollo y fin.
La sentencia pone fin al proceso, sin embargo, si ésta es condenatoria, el condenado tiene que cumplir la condena impuesta, lo que se denomina: ejecución de la pena.

CLASIFICACIÓN (según el trámite o procedimiento que se le dé a la causa)
Se clasifican según quien instruya la causa
Causas no delegadas
Si el juez quiere investigar la denuncia que recayó en su juzgado, primero tiene que remitirla al fiscal para que inste la acción (art. 180 CPPN) y luego prosigue la instrucción en el juzgado instructor.

Instrucción sumaria

En casos de flagrancia, si el juez determina que el imputado no quede detenido, le debe remitir la causa al fiscal para que instruya (art. 353bis CPPN)
Causas delegadas por el juez
En caso de que el juez no quiera investigar la denuncia que recayó en su juzgado tiene la posibilidad de delegarla al fiscal, quien debe instruirla.
(art. 196 CPPN)

Causas delegadas por exigencia de la ley

Si se trata de un autor indeterminado (NN), la ley exige que investigue el fiscal (art. 196bis del CPPN)

Causas no delegadas

Si el juez quiere investigar, debe enviar la denuncia recibida al fiscal (art. 180 CPPN) para que él ponga en movimiento el proceso, es decir, inste la acción.
El fiscal tiene 24 horas para devolver la causa, salvo que por la urgencia se fije un plazo menor, requiriendo, en caso de creer que está ante un delito de acción pública (art. 188 CPPN) o desestimando la denuncia si cree que no hay delito, o solicitando que se la remita a otra jurisdicción, cuando observe que la causa no se cometió en su ámbito de actuación. Ambas resoluciones judiciales -desestimación o incompetencia- podrán ser apeladas por el pretenso querellante.

Cuando el fiscal insta la acción, produce un requerimiento que remite al juez, el que debe contener:

Todos los datos que se tenga del imputado (para no equivocarse de persona).

La manera en que ocurrieron los hechos, detallando el día, hora, lugar, persona damnificada y, si es posible, el por qué del ilícito que se imputa (sin ser necesario calificar el delito)

Las medidas necesarias para poder averiguar cómo sucedió el hecho denunciado.

A partir de aquí, quien investiga es el juez y para que el fiscal tome conocimiento de los actos procesales que se realizan en el juzgado se lo notifica. Por ejemplo: le avisan (notifican) la fecha en que se llevará a cabo la indagatoria del imputado. Posteriormente, también le notifica si resolvió el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito del imputado.
Cuando el juez considere completa la instrucción (investigación) le enviará la causa al fiscal (corre vista) por 6 días (los que se pueden prorrogar 6 más) para que haga otro requerimiento, esta vez de Elevación a Juicio (Art. 346 del CPPN) (Ver ejemplos en la carpeta MODELOS.)

Si hay querella, primero se le corre vista a ésta y luego al fiscal.

Al contestar la vista (Art. 347 CPPN), el fiscal debe manifestar si la investigación está completa o si falta alguna diligencia que realizar. En este segundo caso, debe indicar que medida falta hacer.

En caso de considerar completa la instrucción, se expedirá diciendo si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio. (Ver ejemplos en la carpeta MODELOS.)

Hay que aclarar que el sobreseimiento se puede solicitar en cualquier etapa de la instrucción (Arts. 334 y 336 CPPN).
Si la instrucción está completa, el requerimiento de elevación a juicio debe contener, bajo pena de nulidad:

los datos personales del imputado,
una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos,
la calificación legal y los motivos en los que se funda la acusación.

Confeccionado el requerimiento de elevación a juicio y recibido por el juez, éste clausura la instrucción y la causa es enviada, por sorteo, al tribunal oral que va a realizar el juicio. Es decir, que se pasa a la 2da. etapa del proceso.

Instrucción sumaria

Casos de flagrancia donde el juez determina que el imputado no queda detenido. (art. 353bis del CPPN)

La flagrancia (Art. 285 CPPN) permite la detención por parte de la policía, del sujeto que está cometiendo un delito, sin orden judicial (Art 284 CPPN). Una vez detenido, se dará aviso al juez.

Para estos casos y siempre que el juez considere que no procederá la prisión preventiva del imputado, la investigación quedará a cargo del fiscal, asistido por el defensor oficial, salvo que proponga uno particular.

Este procedimiento se llama: instrucción sumaria. El fiscal tiene 15 días para instruir, es decir, juntar la prueba y citar al imputado (en la fiscalía) con el fin de hacerle saber, en un acta, el hecho que se atribuye y las pruebas que hay en su contra.

El imputado tiene cuatro posibilidades cuando es citado, junto a su defensor, a presentarse ante el fiscal:

-negarse a declarar (art. 18 de la CN),
-aclarar su situación e indicar las pruebas que lo puedan beneficiar,
-presentar su descargo por escrito o
-solicitar declarar ante el juez.

En este último caso, se lo citará a prestar declaración indagatoria y el proceso prosigue por las normas comunes (deja de regirse por el procedimiento dispuesto en el art. 353bis).

Presentado el imputado y con todas las pruebas reunidas, el fiscal procede a correr vista al querellante (art. 346 CPPN) -si lo hubiera- y luego a requerir la elevación a juicio del imputado (art 347 CPPN).

Este procedimiento sumario para casos de flagrancia evita tanto la declaración indagatoria como el procesamiento del acusado.
Si el imputado no se presenta a realizar el acta del 353bis, habiendo sido notificado al momento de la soltura en la Comisaría, el fiscal envía la causa al juez para que lo declare rebelde.

Habitualmente, cuando el imputado aparece, la causa prosigue con el trámite ordinario, aunque hay jueces que la vuelven a remitir a la fiscalía para que continúe el trámite del 353bis.

Causas delegadas por disposición del juez

Procedimiento de causas delegadas (art. 196).

La delegación es una facultad que tiene el juez, no hay ningún parámetro que indique qué causas puede delegar y cuáles no.

El juez recibe una denuncia y se la remite al fiscal para que instruya la causa. El fiscal, luego de darle entrada en los Libros o en el Sistema, empieza a realizar todas las medidas que crea necesarias (art. 212 del CPPN.), menos lo que tenga que ver con la coerción del imputado (eso debe pedírselo al juez). En caso que considere que no hay delito puede solicitar la desestimación (ver en causas no delegadas).

Una buena técnica para no apartarse del ilícito en concreto es, al momento de recibirla demarcar el objeto procesal.

Por ejemplo, el fiscal ordena: I. Por recibida, désele ingreso en los Libros de la fiscalía e instrúyase sumario. II. Se investigan en las presentes actuaciones la posible defraudación de la que fue víctima XX, a quien (día, hora y lugar) YY le entregó... (redactar el hecho, claro pero resumidamente, para no apartarse de la investigación ni irse por las ramas) III. Por lo expuesto: exponer las medidas a realizar (citaciones, informes, etc.)
Medidas que puede llevar adelante el fiscal: citar testigos, solicitar informes, estudios periciales, inspeccionar el lugar de los hechos, observar objetos (art. 212 del CPPN).

Sin embargo, si los testigos o víctimas de un delito son menores a 18 años, el Procurador dispuso por Resolución 0059/09 de fecha 2 de Junio de 2009, que se proceda según lo regulado en el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Por tanto, estas declaraciones deben ser filmadas y se deberá notificar al imputado y a su defensa sobre la realización de dicho acto y de todo peritaje que se le realice a la víctima. En caso de que el autor no esté identificado, dichas medidas se realizan con control judicial y notificación a la Defensa Pública oficial.
Medidas que realiza el juez a pedido del fiscal (Art. 213 CPPN)

Toda restricción a la libertad ambulatoria del imputado (excepto en casos de flagrancia o casos de suma urgencia).

La declaración indagatoria. Sin embargo, si la investigación versa sobre los delitos de privación ilegal de la libertad o secuestro extorsivo (arts. 142bis y 170 del Código Penal) el fiscal podrá recibirle declaración al imputado, salvo que éste solicite declarar ante el juez. Concluida la indagatoria, con todas las formalidades previstas en los arts. 294 y ss. del CPPN, el fiscal remitirá copia de todo lo actuado al juez para que resuelva la situación del imputado. (art. 212bis del CPPN)

La producción de actos irreproducibles y definitivos. Por ejemplo: si bien el fiscal puede pedir un estudio pericial sobre una muestra de sangre, si con el estudio la sangre se consume en su totalidad, esto se convierte en un acto que no se puede volver a reproducir, por tanto es definitivo y en ese caso, hay que solicitarle al juez que lo realice. Diferente es el caso de una pericia contable, dado que los libros no se consumen con el estudio, por tanto, se puede volver a hacer infinidad de veces, lo que permite al fiscal solicitar dicha medida.

Otro acto irreproducible es el allanamiento de un lugar. Además, el Procurador en la Resolución 99/09, instruye a los fiscales que al pedir una orden de allanamiento al juez en un local donde se presume puede haber facilitación, promoción o explotación de la prostitución ajena, soliciten la intervención de la agencia municipal del distrito a fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación según la ordenanza del lugar.

El archivo de las actuaciones.

El sobreseimiento del imputado.

Tenemos que tener en cuenta que el fiscal requiere, es decir: solicita, pero el que resuelve siempre es el juez. En caso en que el juez no esté de acuerdo con la medida solicitada se puede oponer, pero al estar la causa delegada en el fiscal, tiene que reasumirla él si pretende realizar otras medidas. (Ver ejemplos en la carpeta MODELOS.)

Cuando el fiscal considera que obtuvo las pruebas suficientes como para inferir que el imputado ha participado del ilícito, confeccionará un requerimiento de indagatoria, el que elevará al juez para que éste cite al imputado y lo interrogue, teniendo en cuenta lo solicitado por el fiscal.

El requerimiento de indagatoria debe contener:

Los datos personales del imputado (nombre, apodo, nacionalidad, lugar de nacimiento, número de documento, domicilio, profesión u oficio, estado civil y todo otro dato que sirva a la identificación).

La relación del hecho, es decir, cuál es el hecho que se le atribuye, teniendo en cuenta el día, hora, lugar en qué lo cometió, nombre de la víctima, objeto sobre el cual recayó la acción, cómo se realizó el ilícito imputado y si es posible el por qué.

Pruebas que obran en su contra.

EN EL REQUERIMIENTO DE INDAGATORIA NO ES NECESARIO CALIFICAR EL HECHO IMPUTADO.

Luego de que el juez le reciba la declaración indagatoria al imputado, tiene 10 días para resolver la situación procesal, y puede:
procesarlo –con o sin prisión preventiva-,
sobreseerlo o
hacer una falta de mérito.

Al momento del procesamiento, el juez califica el delito y le envía nuevamente al fiscal para que se notifique y continúe con la instrucción. Si el fiscal la considera completa, realiza el

Requerimiento de Elevación a Juicio (ver en causas no delgadas).

Si el juez resuelve sobreseer al imputado debe posteriormente, remitirle la causa al fiscal para que se notifique; en este caso el fiscal tiene dos opciones: si está de acuerdo, se notifica y una vez que el sobreseimiento queda firme se cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación a ese imputado.

Si el fiscal no está de acuerdo con el sobreseimiento, junto a la notificación presenta un recurso de apelación, con el fin de que la causa sea elevada al Superior (Cámara del Crimen) para que resuelva quien tiene razón. Hay 3 días, desde que llegó la causa para notificarse, para presentar la apelación. Este recurso debe ser fundado, no basta con poner “apelo” junto a la firma donde el fiscal se notifica sino que hay que presentar un escrito expresando los motivos del por qué no se está de acuerdo con la resolución del juez, es decir, explicar el agravio que ocasiona dicha resolución.

Por último, la falta de mérito dispuesta para el imputado implica que no hay pruebas para procesarlo ni para sobreseerlo, por lo tanto, luego de notificarse, el fiscal deberá seguir investigando hasta conseguir más evidencias, ya sea para, posteriormente, requerir un sobreseimiento o un procesamiento.

Finalidad de la instrucción:

Comprobar si existe un ilícito y para eso es necesario realizar ciertas medidas o diligencias.
Establecer la calificación del ilícito junto a las circunstancias que influyan e la punibilidad (agravantes, atenuantes, causas de justificación, etc).

Individualizar a los partícipes.

Verificar todo lo relativo a la culpabilidad (edad, condiciones de vida, facultades mentales, antecedentes, etc.)

Comprobar la extensión del daño.

Causa delegada por exigencia de la ley –competencia Criminal de Instrucción y Correccional-

Procedimiento de causas NN (art. 196 bis del CPPN) Autor desconocido.

La mayoría de estas denuncias se realizan ante la Policía y el sumario va directamente a la fiscalía. En cambio, si la denuncia se hace ante la Cámara, ésta se la remitirá al juez, quien, a su vez, la enviará por el art. 196bis a la fiscalía para que la instruya. Si la denuncia se hace ante el fiscal, éste puede realizar alguna medida urgente pero luego, la tiene que enviar la causa a la Cámara para que sortee que juzgado debe intervenir.

En los casos de NN, el fiscal investiga y puede realizar las mismas medidas y diligencias que cuando la causa está delegada por el juez (ver causas delegadas por art 196 CPPN).
Habitualmente, en la mayoría de estas causas no es posible determinar al autor del ilícito por lo tanto, se procede a reservarlas enviándolas a la Dirección General de Investigaciones con autor desconocido (Punto VI de la Resolución PGN 30/01).

Cuando se logra identificar al autor con la investigación, se remiten las actuaciones (causa) al juez (art. 196quater del CPPN) para que, en el plazo de 3 días, disponga si continúa investigando él o la delega en el fiscal (art. 196 del CPPN)

Recomendaciones a tener en cuenta

Cada juzgado de instrucción está un año con la misma fiscalía.

El Ministerio Público representa a la sociedad, no a la víctima, aunque ésta tiene sus derechos (art. 79 CPPN)

Las denuncias realizadas en la Cámara se deben ratificar en el juzgado o en la fiscalía; si no se ratifican, se archivan; salvo que por la gravedad del hecho denunciado, se decida investigar de oficio.

El secretario es el actuario de la fiscalía, debe dar fe de cada instrucción que dispone el fiscal.
Para ser querellante hay que presentarse con un abogado y cumplir con ciertos requisitos (art. 82 CPPN) La posibilidad de ser querellante es una facultad jurisdiccional, por lo tanto, cuando la solicitud se presenta en la fiscalía, ésta debe remitir la causa al juzgado para que se expida.

La causa en trámite es pública sólo para las partes y sus defensores. Nadie que no sea parte puede verla, por eso cuando la solicitan en Mesa de Entrada, antes de mostrarla hay que verificar: 1º que no esté bajo secreto de sumario y 2º, que quien la pide esté presentado en el expediente, es decir, que sea parte o defensor.

El secreto de sumario no puede impedir el derecho de defensa del imputado.

El abogado defensor tiene 3 días para aceptar el cargo y antes de hacerlo tendrá derecho a examinar los autos (art. 106 CPPN), salvo que se encuentre bajo secreto de sumario. Si por tal motivo no acepta el cargo, se designará de oficio un defensor oficial.

El secreto de sumario no puede durar más de 10 días con una prórroga igual, si bien puede volver a ser impuesto en caso que aparezcan nuevos imputados. El defensor tiene derecho a examinar las actuaciones después de la indagatoria (art. 204 CPPN)

Cuando la causa tramita en la fiscalía, luego de darle entrada en los libros o en el sistema informático debe, entre otras cosas, autorizar las solicitudes presentadas por las partes, por ejemplo: la extracción de fotocopias, aceptar el cargo si se presenta el defensor particular o algún perito; certificar los elementos o documentación que se acompaña o solicita a efectos de la investigación; dejar constancia de algún llamado telefónico o persona que se presentó en Mesa de Entada.

Trámite para extraer fotocopias

Cuando el abogado solicita, por escrito, fotocopias, puede poner que autoriza a determinada persona para que las extraiga (habitualmente un empleado del estudio jurídico o la misma parte: querella o imputado o familiar de estos). En estos casos, luego que el fiscal autorice la extracción y el secretario lo refrende, un empleado de la fiscalía acompaña al solicitante o autorizado a extraer las fotocopias, las que corren por cuenta del que las pide. La causa no se entrega nunca a la parte.

Modelo
//ta: para dejar constancia que en la fecha se hizo presente en esta fiscalía, XX acreditando su identidad mediante, Credencial del Colegio Publico de Abogados, Tomo Folio , la cual exhibe y retiene para sí, a quién se hizo entrega de las fotocopias oportunamente solicitadas a fs. 171 y ordenado a fs. 172.-----------------Leyó y firmo de conformidad por ante mi, de lo que doy fe.--------------Buenos Aires, 7 de febrero de 2008.------------------------------------------------

Aceptación del cargo

La aceptación del cargo la realiza el secretario, el que deja una constancia en la causa. cuando el abogado o perito citado se presenta en Mesa de Entrada. Por ejemplo:
///nos Aires, a los ...días de ... de 2008, se presenta ante el Actuario, el Dr. XX, credencial del C.P.A., Tomo...Folio..., el que constituye domicilio en ...de esta ciudad, el que enterado del cargo que se le confiere en autos, como defensor de YY, manifestó aceptarlo, jurando desempeñarlo fiel y legalmente. Con lo que se terminó el acto, previa certificación lo firmó por ante mí que doy Fe. (firma del abogado con sello donde consta tomo y folio y firma y sello del secretario)

Certificación de efectos

Es importante que la certificación esté bien hecha para que pueda ser utilizada en el futuro. El tiempo que se pierde en certificar bien los objetos que acompañan el expediente se gana al momento de remitir la causa al juzgado o a peritos, porque se identifica rápido y punto por punto.
Certificar los efectos implica identificarlos de tal manera que no se puedan confundir con otros. Por eso es substancial que se documenten clara y detalladamente, colocando a qué causa pertenecen y que es cada elemento que se reserva en Secretaría, lo más circunstanciado posible.

Modelo:

CERTIFICO: En cuanto lugar por derecho, que en el día de la fecha se procedió a reservar en esta dependencia la siguiente documentación: original de solicitud de servicio N° 205714837 a nombre de XX perteneciente a la línea telefónica n° a fs. 2; duplicado original de ticket de compra N° 0008-00000178 expedido por YY; original de solicitud de servicio N° 205714838 a nombre de XX perteneciente a la línea telefónica n° a fs. 4 y duplicado original de ticket N° 0008-00000179 expedido por YY.- Es todo cuanto certifico, fiscalía 4, a los 17 días del mes de julio de 2008.-

Citaciones

Las citaciones o disposiciones que ordene el fiscal se pueden realizar por:

Cédula de Notificación, siempre que el aviso sea dentro de la Ciudad de Buenos Aires;

Teletipo –vía fax-, a la Comisaría para que de aviso tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en
cualquier provincia del país.

Exhorto, en caso de tener que enviar el aviso a otra provincia y cuando la comunicación es de fiscalía a fiscalía o de fiscalía a juzgado (o de juzgado a juzgado), para que se cumpla en el lugar del notificado.

Exhorto diplomático, en caso de tener que diligenciar algo a otro país.

Oficios, cuando se dirige a un tribunal u otra fiscalía o autoridades que no pertenezcan al Poder
Judicial o Ministerio Público.

Telefónicamente, dejando la debida constancia en la causa.

Edictos, cuando se desconoce el domicilio de la persona que debe ser notificada. Estos son solicitados al juzgado que interviene con la fiscalía.

Las cédulas de notificación tienen varios ítems que completar: a quién va dirigida (nombre y domicilio) el carácter, puede ser URGENTE para que se diligencie en el día (esta misma palabra debe ser colocada en el proveído ordenado por el fiscal) o no decir nada; en Observaciones, se puede colocar si se desea que se entregue en algún horario especial, por ejemplo: horario bancario, si se trata de entregarla en un banco y a qué tipo de domicilio se envía: si es para alguna de las partes presentadas en el proceso, el domicilio es el constituido, en cambio si se trata de un testigo que no es parte, el domicilio a consignar es el real.

Si la cédula de notificación se envía, por ejemplo, durante la feria judicial, hay que colocar en Observaciones: la habilitación de día y hora, descripción que también debe estar prevista en el decreto.

La cédula de notificación tiene que reproducir el proveído ordenado por el fiscal y finaliza con el nombre de éste y el Ante mí: donde aparece el nombre del secretario y la frase “queda usted legalmente notificado” y la firma el secretario.
Se confeccionan por duplicado, una para el interesado y la copia vuelve a la fiscalía con el resultado de la diligencia.

Dejar constancia

Las constancias las firma el secretario para avisarle al fiscal de alguna novedad (un llamado telefónico recibido o hecho por la fiscalía, una presentación en Mesa de Entada solicitando declarar o un certificado, etc.)

Esta constancia es incorporada a la causa en trámite, se trata de una información que el secretario le da al fiscal, la que pudo ser conocida, a su vez, por un empleado de la fiscalía.
Modelo

Dejo Constancia: que en el día de la fecha la escribiente recibió el llamado telefónico de XX, el que refirió que no podía hacerse presente a prestar declaración testimonial el día propuesto y solicitó una nueva citación. Es todo cuanto tengo que informar, a los ...días de ...de 2008. (firma y sello del secretario)

A partir de esta información, el fiscal puede disponer una nueva citación o dejarla sin efecto.

También se utilizan cuando la persona se presentó a declarar y necesita un certificado para presentar en su trabajo para evitar que le descuenten el día laboral. En este caso, se redacta un

Certificado de Asistencia, haciendo constar que dicho sujeto se hizo presente con el fin de prestar declaración en los autos “…”.

Por último, el damnificado del robo de su rodado puede pedir una constancia para ser presentada ante la compañía de seguros. En este caso hay que colocar todos los datos no sólo del titular del rodado, sino del automotor (n° de chasis, motor y si hay equipo de gas también anotar los números, etc.)
Excepciones

A partir de la Reforma otorgada por la Ley 25.760, el fiscal puede, no obstante lo dispuesto en el CPPN, en los casos de los delitos previstos en los arts. 142bis (privación ilegal de la libertad) y 170 (secuestro extorsivo) del CP, actuar en ajena jurisdicción territorial, si se encuentra en peligro la vida de la víctima o la demora pudiese comprometer el éxito de la investigación (Art. 132bis del CPPN); recibirle declaración indagatoria a imputado, salvo que manifieste declarar ante el juez (art. 213 inciso a) del CPPN).

Por todo lo expuesto, vemos que las tareas a realizar dependen del trámite que se le adjudique a la causa, más tratándose de causas delegadas, hay que tener en cuenta que, salvo las medidas que se relacionan con la restricción de la libertad del imputado, el fiscal está autorizado para investigar sin interferencias, de manera independiente, en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad.

Congreso Binacional de Derecho Procesal Penal

2009-10-13T05:38:00.000-07:00

CONGRESO BINACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

Argentina – Uruguay

Reforma de la Justicia Penal y gobernabilidad democrática.

Fecha: 4, 5 y 6 de Noviembre de 2009.

Lugar: Centro Cultural Bernardino Rivadavia San Martín 1080, Plaza Santiago Montenegro,

Ciudad: ROSARIO, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Organizadores:

INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) 20 años de trayectoria (1989-2009)

Konrad Adenauer StifungPrograma Estado de Derecho para Latinoamérica. Oficina Regional Montenvideo

Concurso de ponencias: Una Justicia para la Democracia: 20 años de Trabajo.

Premio Juan Bustos Ramírez.

Concurso de Litigación Penal Oral (coordinadora Carolina Ahumada)-

Simulacro de Juicios por Jurados (coordinador Andrés Harfuch)

Auspician:

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Adhieren:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
Federación Argentina de Magistrados (FAM)
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (APDP)
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario
Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ)
Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay)
Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, Asociación de Derecho Procesal Eduardo J. Couture
Centro de Estudios de Justicia de la Américas (CEJA)
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

Para informes e inscripción:

Tel: [+] 54 11 4372-4970/0570

Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hs.congresoinecip@gmail.com http://www.inecip.org/

Curso “Delitos contra la propiedad”

2009-10-13T05:33:00.000-07:00

El INECIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, les informa que se dictará el curso “Delitos contra la propiedad”, dirigido por la Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz.

El mismo está orientado a estudiantes de derecho y abogados recientemente recibidos.

Se desarrollará los días Miércoles 21 y 28 de Octubre del corriente, en la sede central del

INECIP, ubicado en la calle Talcahuano 256, 1º Piso, CABA.

El curso, que tiene un costo de $50, durará dos días y un total de cuatro horas.

Cada encuentro comenzará a las 16 horas, y podrán contar con certificados de asistencia.

Para INFORMES e INSCRIPCIÓN comunicarse al 4372-0570/4970 (de 12:00 a 18:00 horas) ó
por mail a inecip@inecip.org

Cronograma 2do. Cuatrimestre 2009

2009-09-13T17:43:00.000-07:00

2do. Cuatrimestre:

24 y 27/08:

18. Delitos dolosos de omisión.
Omisión propia. Tipo objetivo.
Omisión impropia. Tipo objetivo. Tipo subjetivo en los delitos omisivos.

Jueves 3/09:

19. Concurso de delitos. Concurso aparente. Delito continuado.
Concurso ideal. Concurso real.

Lunes 7/09:

Delitos culposos de comisión y de omisión.
Disvalor de la acción. Disvalor del resultado.
3ra. Parte. Derecho Procesal Penal
1) Concepto de Derecho Procesal Penal. Garantismo. Garantías, explique qué son, para qué sirven, por qué fueron creadas y quién es el órgano máximo que debe velar por las garantías. Rol del Estado ante el conflicto.
Evolución histórica. Modelos procesales: acusatorio, inquisitivo y mixto.
Régimen de la acción. Principio de legalidad. Principio de oportunidad.
Organización Judicial. Leyes 24.050, 24.121, 24.937 y 24.946. El juez. Juez natural. Juez imparcial.
Ministerio Público Fiscal. El querellante. La víctima. El testigo. Rol de cada uno en el proceso
El imputado. La defensa. Derecho de defensa. Principio de inocencia. In dubio pro reo. Situación del imputado. Presentación espontánea. Declaración indagatoria.
Sobreseimiento. Procesamiento. Qué implica cada uno. Falta de mérito.
La instrucción. Procesos contemplados en el C.P.P.N. Denuncia. Desestimación. Archivo. Reserva. Causas N.N. Flagrancia.
Medios de Prueba. Averiguación de la verdad. Límites a la búsqueda de la verdad. Nulidades.
Actos de la policía y fuerzas de seguridad. Perspectiva de política criminal. Detenciones. Requisa. Secuestro. Atribuciones. Límites.
Situación del imputado. Prisión preventiva. Encarcelamiento. Requisitos. Límites. Plazo razonable. Exención de prisión y excarcelación. Caución.
Clausura de la instrucción. Auto de elevación a juicio. Sobreseimiento.
Etapa intermedia. El control jurisdiccional. Citación a juicio. Ofrecimiento de prueba. Instrucción complementaria. El juicio oral. El debate. Acusación. Sentencia. Juicio por jurados
Juicio abreviado. Suspensión del juicio a prueba.
Los recursos.
La ejecución penal. Derechos humanos de los privados de libertad. Realidad carcelaria. Análisis de la Ley 24.660.

Clase repaso o terminar algún tema

Parcial que incluye teoría del delito y procesal penal.

Final oral

AVISO

2009-07-12T17:43:00.000-07:00

Chic@s: tal como dice el blog, la clase siguiente a la primer clase del 2do. cuatrimestre se tomará el parcial. No tenemos problemas porque se trata de una materia anual, por lo tanto, los examenes se pueden tomar en cualquier momento. gracias.-

Firmado: Cristina Caamaño

____

Hola a todos: El parcial lo tendremos una vez que comience la cursada del 2º cuatrimestre; para que quede claro: cuando empiecen todas las materias cuatrimestrales de agosto-noviembre; la primer clase organizaremos todo y haremos repaso (traigan las dudas por escrito) y la clase siguiente será el parcial. Saludos, felices vacaciones virosicas, estudien. Firmado: Augusto Martins.

SUSPENDEN PARCIAL !

2009-07-02T11:25:00.000-07:00

SE SUSPENDE EL PARCIAL
DEL 6 DE JULIO !!!

+ Información la semana proxima, aca en el Blog...

· o si no al mail de Augusto Martins o de la Dra...

· Posiblemente sea la clase siguiente a cuando volvamos a la Facultad...

Evolución histórica de la sistemática del delito (zaffaroni)

2009-05-08T08:26:00.000-07:00

Las dificultades de los autores hegelianos y de los teóricos de los imperativos paraproporcionar un concepto de delito que cumpliera su cometido práctico, dio lugar a que rápidamente se difundiera la sistemática del positivismo alemán de Liszt, o sea, elcriterio objetivo-subjetivo, que dominó en Alemania en las primeras décadas del siglo XX y que partía de la recepción penal del concepto de antijuridicidad objetiva deJhering. Conforme a este modelo, lo objetivo correspondía al injusto y lo subjetivo a laculpabilidad, la acción era un acontecer causal voluntario y la voluntad era una inervación muscular.

El injusto se definía como la causación física del daño social y la culpabilidadcomo su causación psíquica. El delito era conceptuado como una acciónantijurídica, culpable y punible.

La definición tenía el inconveniente de analizar larelevancia penal como último carácter, lo que era disfuncional para su cometido prácticoclasificatorio. Beling introdujo en 1906 la teoría del tipo, que obvió este inconveniente,por lo cual se conoce esta sistemática como de Liszt-Beling (también se ladenomina clásica, lo que no deja de ser criticado). Por supuesto que el concepto de tipo de Beling era completamente objetivo, o sea que era parte de un todo mayor -el injusto- que seguía siendo objetivo.

Aunque en Latinoamérica el positivismo lisztiano siguió vigente, en Alemania fue reemplazado entre la segunda y tercera décadas del siglo por otra sistemática, deinspiración neokantiana, pero que, con otro andamiaje filosófico, apuntalaba lamisma estructura analítica positivista conforme al mencionado esquema objetivosubjetivo. La crisis de lagarantía filosófica de laciencia causal y de la física newtoniana y las dificultades prácticas del anterior modelo, sirvieron para impulsar una renovaciónde las fuentes ideológicas de sustentación, pero sin variar mucho el modelo mismo. Laculpabilidad necesitaba criterios objetivos, porque de lo contrario no podía abarcar laculpa inconsciente o sin representación, por lo cual se reemplazó la descripción anteriorpor un criterio valorativo (teoría normativa de la culpabilidad, entendida comoreprochabilidad). Algunos tipos no podían definirse sin elementos subjetivos, por loque se reconoció su presencia en el injusto.

La acción al estilo lisztiano se salvaba conla construcción de un concepto que abandonó la pretensión de naturalismo descriptivoy pasó a ser normativo; el injusto seguía siendo predominantemente objetivo, aunquedaba entrada a algunos elementos subjetivos mediante el recurso de renunciar tambiénaquí a lo descriptivo, para definirlo como concepto valorativo; la culpabilidad pasó aser un juicio en base a una norma de determinación (un imperativo). Sin duda queapelar a las valoraciones y abandonar la sistemática descriptiva fue un paso muyimportante (su más alto desarrollo correspondió a Mezger). De cualquier manera, erasospechoso que las dos valoraciones coincidieran demasiado con las previas descripcionesy que dolo y culpa siguiesen siendo formas de la culpabilidad, lo que tambiénpresentaba dificultades sistemáticas y llevaba a soluciones poco coherentes, que fueronobservadas desde su propia pauta filosófica y metodológica. Esta sistemática fueabandonada en Alemania por los años setenta

Vinculada al objetivismo valorativo, aunque en una versión mínima y propia,la teoría finalista de la acción de Hans Welzel, dio lugar a una renovación de lasistemática del delito, que receptaba también componentes fenomenológicos y quealcanzó su mayor apogeo durante los años sesenta y setenta, en pugna abierta contrael neokantismo, especialmente en la versión de Mezger, dando lugar a un largo debate.

Para el finalismo, el concepto de acción no se construía jurídicamente sino que era del proyecto oficial de 1962 y del alternativo de 1966, las categorías dogmáticarecibieron en buena medida sanción legislativa, lo que explica su funcionalidad par;cubrir una necesidad práctica relativamente urgente.

Sin duda que la metodología constructiva que predomina entre estos autores eclécticos es neokantiana, pero sisentido parece ser en gran medida positivista jurídico, como corresponde a su objetivePor cierto que la existencia de una constitución democrática, la inserción de Alemani;en la Convención de Roma y en la Unión Europea y la sanción de una legislación penatécnicamente superior, dan lugar a que el positivismo jurídico produzca frutos máinteresantes y ricos que los de sus precedentes

Con motivo de la estructura del tipo en la sistemática finalista, se desató un ampliidebate sobre la naturaleza del injusto y la llamada disputa entre el desvalor de acto ;de resultado. Welzel nunca dejó de considerar que el tipo objetivo abarcaba el resultadotanto en el delito doloso como en el culposo.

Sin embargo, preocupado por acotar 1a tipicidad en función del dolo y por debatir la naturaleza del injusto y de la culpabilidadmontó la finalidad sobre la causalidad y no perfeccionó mucho las consideraciones deaspecto objetivo de la tipicidad, dejando el problema de la causalidad casi en el puntien que lo hallara y tratando de resolver múltiples problemas de imputación con siadecuación social de la conducta, que también abarcaba otras hipótesis de atipicidad 52Precisamente por ello y en ese punto, quedaron abiertos dos caminos posibles:

(a) pouno de ellos las dificultades se tratarán de superar en el tipo objetivo, mediante 1.llamada teoría de la imputación objetiva (es el que transita el funcionalismo sistémicoal que se hará referencia seguidamente);

(b) el otro intentó superarlas quitando eresultado del tipo y dejándolo reducido a una cuestión de punibilidad (esta variable ela del llamado desvalor de acto puro, que comenzó enunciándose en los tipos culposo-Armin Kaufmann- e intentó llevarse al tipo doloso -Zielinski- y, conforme al cualel concepto general de delito se identificaría con el delito tentado, en tanto que, pocamino análogo, se ha tratado de proporcionar, como concepto general, el de los delitode peligro concreto —Horn-, aun en los casos de claros delitos de resultado).

En líneagenerales, la teoría del desvalor de acto puro no ha tenido seguidores, observándosientre otras cosas que no responde a la legislación vigente54.6. A partir de los años setenta comenzaron los ensayos de una construcción sistemática funcional, o sea, que admite que los conceptos jurídico-penales no puedeiprescindir de sus fines penales (político criminales o políticos en general) ni tampoco están dispuestos por la naturaleza ni por datos ónticos, sino que se construyen exclusivamente en función de los objetivos penales prefijados. Sin duda, se trata de un;corriente que recibe una fuerte influencia del funcionalismo sistémico sociológico, aunque en interpretación algo particular, y sus autores, pese a apartarse a veces considerablemente de Welzel, no dejan de proclamar que tuvieron en él su punto de partidaRoxin afirma que su teoría es un desarrollo del modelo sintético neoclásico-finalista y Jakobs afirma partir del funcionaiismo ético del finalismo.

Roxin y Jakobs son susmás destacados representantes, en razón de exponer sus argumentos en obras generales,aunque existen importantes estudios monográficos y trabajos menores.7. Roxin propone un proyecto de sistemática que reivindica al neokantismo de losaños treinta, pero que reemplaza su orientación conforme a las normas de cultura deMax Ernst Mayer58, que considera vaga, por la clara orientación político criminalconforme a la teoría de los fines de la pena.

Denomina a su sistema funcional o racional conforme a objetivos (Zweckrationale). Extrae de su premisa dos características particularespara su sistema:

(a) Quizá la más notoria sea su teoría de la imputación al tipoobjetivo, que será motivo de especial atención. Afirma que, en las tres sistemáticasanteriores, el tipo objetivo se reduce a la simple causalidad, proponiendo su reemplazopor la producción de un riesgo no permitido dentro del objetivo protector de la norma,reemplazando de este modo la categoría científica, natural o lógica de la causalidad,por una regla de trabajo orientada por valores jurídicos. Encuentra sus antecedentes enlos años treinta, en los trabajos del neokantiano Honig60 y del neohegeliano Larenz61,a los que menciona expresamente. Lo cierto es que esta construcción se elabora sobrela idea de necesidad abstracta de pena, que maneja en el injusto de modo muy parecidoa la vieja dañosidad social de Liszt, que sería limitada por su teoría de la imputaciónobjetiva,

(b) La culpabilidad se amplía hasta ser una categoría de responsabilidad, enla que debe tomarse ineludiblemente en cuenta la culpabilidad como condición decualquier pena, pero también la necesidad preventiva (general y especial) de la sanciónpenal, en forma tal que los requerimientos de la culpabilidad y de la prevención selimiten recíprocamente y, de esta manera, la responsabilidad personal del autor resultade su efecto conjunto.

8. Jakobs procede a una radicalización mucho más profunda que Roxin en cuantoa la tendencia constructiva funcional sistémica. Invierte exactamente la premisa deWelzel, al afirmar que ningún concepto jurídico-penal -y no sólo la acción y la culpabilidad-está vinculado a datos prejurídicos, sino que todos se construyen en funciónde la tarea del derecho penal. Cualquier concepto del sistema sufrirá la inseguridad dedepender del entendimiento que se tenga de la función del derecho penal. Incluso elconcepto mismo del sujeto al que se dirige el derecho se construye en función de la tareaasignada al derecho penal. No sólo niega la teoría de las estructuras lógico-reales,sino que propone exactamente lo contrario, es decir, una radical normativización detoda la dogmática: Estableciéndose los objetos de la dogmática por la tarea delderecliopenaly no por su esencia (o su estructura), esto conduce a una normativizacióno renormativización de los conceptos. Desde este punto de vista, un sujeto no es el quepuede producir o impedir un acontecimiento, sino el que puede ser competente paraeso. Del mismo modo, los conceptos de causalidad, poder, capacidad, culpabilidad yotros, pierden su contenido prejurtdico y devienen conceptos para niveles de competencia. No dan al derecho penal ningún modelo regulador, sino que se generan endependencia de las reglas del derecho penal64. La consecuencia sistemática de suconstrucción es una nítida separación en cuanto a la construcción del objeto de laculpabilidad y la culpabilidad, en base a que el primero consiste en una imputación notoriamente su contenido. Ello obedece a que los eclécticos se mantienen en planteosconstruidos funcionalmente en forma poco clara, con referencias a fines de la penaintuitivos y a veces sin desarrollar el sistema con gran coherencia respecto de éstos, entanto que los funcionalistas lo hacen en forma más sistemática y tratan de modernizarlas incumbencias del derecho penal tendiendo un puente con la sociología a través delas teorías sistémicas. De cualquier manera, queda claro que existe un común denominadorpara todas las tendencias contemporáneas (eclécticas y funcionalistas) que es lapretensión de librarse de datos ónticos. El posfinalismo mismo, al pretender excluir elresultado del tipo, abandonó la teoría de las estructuras lógico-reales. Se ha observadoque la construcción así obtenida pierde seguridad, pues no puede pretender universalidadal depender de cada derecho positivo. En realidad, la construcción neokantianasiempre fue funcional y, por ende, nunca fue segura en este aspecto, porque varió segúnlas funciones que cada autor le asignaba al poder punitivo. La tentativa finalista tampocodejó de ser funcional, porque Welzel también construyó funcionalmente su sistemapara reforzar la ética social mínima.

notoriamente su contenido. Ello obedece a que los eclécticos se mantienen en planteos construidos funcionalmente en forma poco clara, con referencias a fines de la penaintuitivos y a veces sin desarrollar el sistema con gran coherencia respecto de éstos, entanto que los funcionalistas lo hacen en forma más sistemática y tratan de modernizarlas incumbencias del derecho penal tendiendo un puente con la sociología a través delas teorías sistémicas. De cualquier manera, queda claro que existe un común denominadorpara todas las tendencias contemporáneas (eclécticas y funcionalistas) que es lapretensión de librarse de datos ónticos. El posfinalismo mismo, al pretender excluir elresultado del tipo, abandonó la teoría de las estructuras lógico-reales. Se ha observadoque la construcción así obtenida pierde seguridad, pues no puede pretender universalidadal depender de cada derecho positivo. En realidad, la construcción neokantianasiempre fue funcional y, por ende, nunca fue segura en este aspecto, porque varió segúnlas funciones que cada autor le asignaba al poder punitivo. La tentativa finalista tampocodejó de ser funcional, porque Welzel también construyó funcionalmente su sistemapara reforzar la ética social mínima.

Resumen de la clase de principios de legalidad y Culpabilidad

2009-04-16T09:37:00.000-07:00

Principio de legalidad:

Desde el enunciado nullum crimen, nulla poena sine lege, este principio nos indica que ningún comportamiento humano merece una sanción del derecho penal sin una ley que lo haya declarado previamente punible. Es decir, conforma un límite a la función punitiva estatal.

La implicancia del principio en la legislación es clara: el hecho prohibido y la pena deben estar determinados en una ley previa al suceso objeto de estudio.

¿A quién se dirige tal limitación a la intervención estatal? Al legislador y a los tribunales (pues, el razonamiento judicial –de resolución del caso- siempre debe comenzar por la ley).

¿A quién busca proteger el principio? Al ciudadano, quien debe saber qué acciones están prohibidas en la sociedad de la que forma parte.

¿En dónde encuentra su fundamento? En la libertad del ciudadano y la necesidad de seguridad jurídica.

Derivaciones del principio: para el pleno respeto del mandato constitucional se observa correctamente que la ley previa tiene que ser una norma escrita y debe además respetar los requisitos de certeza y estrictez.

Ley previa: ello importa la prohibición de aplicación retroactiva de la norma penal. Excepción: ley penal más benigna.

Ley escrita: la ley formal como única fuente del derecho penal (cuya materia queda exclusivamente dentro de las facultades legislativas del Congreso de la Nación, de acuerdo a la C.N.). Como consecuencia, existe la prohibición de fundamentar la punibilidad en el derecho consuetudinario.

Ley cierta: debe tener la norma una descripción con el mayor grado de exhaustividad posible de la prohibición y su sanción, para reducir al mínimo razonable la posibilidad de decisión del tribunal. El ciudadano debe conocer el comportamiento prohibido y su consecuencia sancionatoria.

Ley estricta: queda vedada la aplicación de analogía para casos similares no legislados. Excepción: interpretación analógica in bonam partem (a favor del imputado).

Problemáticas relacionadas al principio de legalidad:

Leyes penales en blanco: son aquellas leyes cuyo supuesto de hecho debe ser completado por otra norma producida por una fuente jurídica legítima, distinta de la que contiene la amenaza penal. La remisión puede ser a la misma ley, otra ley u otro tipo de norma. Las dificultades que esta técnica de remisión puede ocasionar al ciudadano son en relación a la información o falta de conocimiento sobre el derecho vigente.

Tipos penales abiertos: en ellos no se describe exhaustivamente y en todos sus aspectos el objeto de la prohibición. Necesitan de la búsqueda de una norma de cuidado que los complete o cierre.

Mención a las normas dictadas en el ámbito del Poder Ejecutivo adjudicándose atribuciones penales (edictos policiales) y al tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Principio de culpabilidad:

Este principio excluye la legitimidad de toda pena que no tenga por presupuesto la culpabilidad del autor de un delito y que exceda la gravedad equivalente a la misma, proponiéndose evitar así que una persona pueda ser tenida como medio para la realización de un fin (las necesidades de prevención no pueden justificar una pena que supere en gravedad a la de la culpabilidad).

La esencia de la culpabilidad no reside en el carácter del autor, ni en la conducta de su vida, sino en la posibilidad de haber actuado de otra manera en el caso concreto (lo que equivale a hablar de la culpabilidad por el hecho cometido, como antítesis del derecho penal de autor).

El principio tiene una doble incidencia: 1) el si de la pena: sólo es punible el autor si obró culpablemente; y, 2) el cuánto de la pena: la gravedad de la sanción debe ser proporcional a la culpabilidad.

Como consecuencia, cabe concluir que no resulta admisible la responsabilidad por el mero resultado (responsabilidad objetiva), sin que haya mediado dolo o imprudencia por parte del autor.

Normativa relacionada a los principios de legalidad y culpabilidad: arts. 18, 19, 75 -inc. 12- y 99 -inc. 3- CN, 1 y 2 CPPN, y 2 CP.

LIBROS

2009-03-18T07:08:00.000-07:00

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LIBROS:

__________

Derecho Penal
Parte General

Autor: Bacigalupo, Enrique
Editorial: Hammurabi
Edición: 2ª edicion
Año: 1999
Págs.: 687
Formato: pdf
Tamaño: 31 mb

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_____________________________

Autor: Zaffaroni, Eugenio Raul
Editorial: EDIAR
Edición: 2ª edición
Año: 2002
Págs.: 1126
Formato: pdf
Tamaño: 83 mb

http://rapidshare.com/files/73940642/ZER-DP-PG.rar

____________________________

Derecho Penal Parte General Tomo 1

Autor: Claus Roxin
Formato PDF (pag.1070 )

LINK NUEVO:
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________________________

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL

3RA EDICION
Autor ALEJANDRO D. CARRIO
ED: HAMMURABI
FORMATO PDF (473 PAG)

http://rapidshare.com/files/109155705/GARANTIAS_CONSTITUCIONALES_EN_EL_PROCESO_PENAL_-_ALEJANDRO_CARRIO.pdf

___________________

Manual de la constitucion reformada-Bidart Campos

3tomos

Formato PDF

http://rapidshare.com/files/109920462/Manual_de_la_Constitucion_Reformada_3_tomos.rar

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Foucault, M: *"Vigilar y castigar" (libro completo)

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Lo podes leer Online: http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/592.pdf

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CRIMINOLOGIA Y SISTEMA PENAL

http://rapidshare.com/files/102401894/CRIMINOLOGIA_CRITICA_Y_CRITICA_AL_DERECHO_PENAL_-_ALESSANDRO_BARATTA_-_PDF.pdf

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TEXTO ROXIN (Paginas 93-103)

2009-03-18T04:54:00.000-07:00

Las teorías unificadoras retributivas:

Las teorías mixtas o unificadoras o de la unión, que antes fueron absolu-
támente dominantes y que todavía hoy son determinantes para la jurisprudencia,
consisten en una combinación de las concepciones discutidas hasta ahora.
Consideran la retribución, la prevención especial y la prevención general como
fines de la pena que se persiguen simultáneamente. Así y todo, el fin retributivo
tenía originariamente la función absolutamente dominante. "... lo decisivo es...
en primer lugar la necesidad de expiación, el fin retributivo de la pena, aunque
junto a ello también el fin intimidatorio. Los otros fines de la pena, el de
corrección y el de aseguramiento, pasan frente a aquél a un segundo plano"
(RGSt 58, 109). También hoy se acentúa todavía con frecuencia que sólo se
debería hablar de una "auténtica" teoría unifícadora o mixta "en sentido tradicional"
cuando los fines preventivos no tocan el carácter retríbutivo de la
pena y sólo se contemplarían en el marco trazado por la retribución .

Esta teoría hay que rechazarla desde el punto de partida aquí defendido, ya por el
hecho de que, como mera modificación de la teoría de la retribución, le son
aplicables todas las objeciones formuladas contra ésta y de ahí que
actualmente resulte tan difícilmente defendible como ésta.

En las formulaciones más recientes de la teoría de la unión, la retribución,
la prevención especial y la prevención general se tratan más bien como fines
de la pena de igual rango. Se parte de que ninguna de las teorías penales está
ordenada o prohibida por la ley, de forma que —en cierto modo, según las
necesidades— puede colocarse en primer plano tanto uno como otro fin de la
pena. La toma de posición del BVerfG (E 45, 187, 253 s.) es representativa:

"El Tribunal Constitucional federal se ha ocupado repetidamente del sentido
y fin de la pena estatal sin haber tomado en principio posición sobre las teorías
penales defendidas en la doctrina... Se ha señalado como cometido general
del Derecho penal el de proteger los valores elementales de la vida en comunidad.
Como aspectos de una sanción penal adecuada se señalan la compensación
de la culpabilidad, la prevención, la resocialización del sujeto, la expiación
y la retribución por el injusto cometido". La pena criminal es "—sin
perjuicio de su cometido de intimidar y resocializar— retribución por el injusto
cometido" (BVerfG E 39, 1, 57). También el BGH se mueve en la línea señalada;
ya se han expuesto en la discusión de las teorías penales precedentes
ejemplos de cómo tan pronto se acentúa especialmente uno como otro punto
de vista.

Una teoría mixta de este tenor parte del correcto entendimiento de que ni
la teoría de la retribución ni ninguna de las teorías preventivas pueden determinar
justamente por sí solas el contenido y los límites de la pena. Pero le
falta el fundamento teórico en cuanto sus defensores se contentan con poner
sencillamente uno al lado del otro, como fines de la pena, la compensación
de la culpabilidad y la prevención especial y general. Una "teoría unificadora
aditiva" de este cariz no colma las carencias de las diferentes opiniones
particulares, sino que las suma y conduce sobre todo a un ir y venir sin sentido
§ 3. Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad § 3
entre los diferentes fines de la pena, lo cual imposibilita una concepción unitaria
de la pena como uno de los medios de satisfacción social.
Por el contrario, la función de una teoría mixta o unificadora capaz de 35
sostenerse en las condiciones de hoy en día consiste en anular, renunciando
al pensamiento retributivo, los posicionamientos absolutos de los respectivos
y, por lo demás, divergentes planteamientos teóricos sobre la pena; de tal
forma que sus aspectos acertados sean conservados en una concepción amplia
y que sus deficiencias sean amortiguadas a través de un sistema de recíproca
complementación y restricción. Se puede hablar aquí de una teoría unificadora
preventiva "dialéctica", en cuanto a través de semejante procedimiento las
teorías tradicionales, con sus objetivos antitéticos, se transforman en una síntesis.
Esto se detallará a continuación.

5. La teoría unificadora preventiva

a) El fin exclusivamente preventivo de la pena

El punto de partida de toda teoría hoy defendible debe basarse en el en
tendimiento de que el fin de la pena sólo puede ser de tipo preventivo. Puesto
que las normas penales sólo están justificadas cuando tienden a la protección
de la libertad individual y a un orden social que está a su servicio (cfr. § 2,
nm. 9 ss.), también la pena concreta sólo puede perseguir esto, es decir, un
fin preventivo del delito (cfr. nm. 15, 28). De ello resulta además que la
prevención especial y la prevención general deben figurar conjuntamente como
fines de la pena. Puesto que los hechos delictivos pueden ser evitados tanto a
través de la influencia sobre el particular como sobre la colectividad, ambos
»medios se subordinan al fin último al que se extienden y son igualmente
legítimos.
La persecución simultánea del fin preventivo general y especial no es pro
blemática donde la pena declarada en la sentencia concreta es adecuada para
alcanzar ambos fines tan eficazmente como sea posible. Esta concepción tampoco
encuentra dificultades allí donde, en el caso concreto, la sanción sólo se
basa en el componente preventivogeneral de la pena porque no existe peligro
alguno de reincidencia. Pues el fin preventivo de la pena también persiste
cuando no se requiere una prevención desde todos los puntos de vista al mismo
tiempo.

Esta idea resulta también importante ante todo cuando no se puede contar
con el condenado para una ejecución resocializadora de la pena. Una pena
que pretende compensar los defectos de socialización del autor sólo puede ser
pedagógica y terapéuticamente eficaz cuando se establece una relación de
cooperación con el condenado. Una "socialización forzosa" ni tendría perspectivas
de éxito ni sería admisible en atención al art. 1 GG. Por tanto, si el
condenado rehusa su colaboración para la resocialización, sin duda debe despertarse
entonces su disposición para ello en cuanto sea posible, pero no puede
ser forzado. Naturalmente, también en este caso debe ejecutarse la pena; para
su justificación es suficiente, sin embargo, la necesidad de prevención general.
De este modo se invalidan al mismo tiempo todas las objeciones que se alegan
contra el fin de resocialización con el argumento de que éste conduce a una
adaptación forzosa que viola la personalidad (cfr. nm. 17 s.). Pues cuando el
condenado, por iniciativa propia, colabora en el desarrollo de la ejecución,
ello no contribuye a la violación de su personalidad, sino precisamente al
desarrollo de la misma. Si resocialización presupone voluntariedad, está claro
también por qué no hay contradicción irresoluble alguna cuando el BVerfG,
por una parte, estatuye un derecho fundamental a la resocialización (nm. 14),
pero, por otra parte, niega al Estado la facultad «de corregir a sus ciudadanos»
(nm. 17). Lo prohibido es únicamente la educación forzada de adultos; no
obstante, el condenado tiene derecho a que el Estado le ayude en la reinserción
social a la que él mismo aspira.

Lo propio rige para las dificultades que resultan de la observación de que programas de
(re)socialización bien pensados se han mostrado hasta ahora como fracasados. Tales reveses
se deben en parte a la desatención a los puntos de vista que se acaban de exponer y, en
parte también, a que el Derecho penal socializador se encuentra todavía en los comienzos
de su realización. Los esfuerzos realizados hasta ahora en la República Federal han producido
múltiples resultados alentadores . Pero los inevitables extravíos tampoco pueden conducir
a un "fiasco de la teoría de la pena", porque la función preventivogeneral de la pena puede
fundamentar por sí sola la pena si fuera necesario y no se ve menoscabada por los fracasos
preventivoespeciales que se puedan producir aquí o allá.
40 Un conflicto entre prevención general y especial se produce solamente allí
donde ambos fines perseguidos exigen diferentes cuantías de pena. Así, en un
caso concreto (p.ej. cuando un joven ha causado una lesión con resultado de
muerte en una riña), puede parecer adecuado un castigo de tres años de
privación de libertad sobre la base de la prevención general y en aplicación
del § 226 II, mientras que las exigencias de prevención especial sólo permiten
un año con remisión condicional porque una pena más grave desocializaría
al autor y cabría esperar un tropiezo en futura criminalidad. Cualquiera de
ambas posibles soluciones obtiene, pues, un beneficio preventivo, por una

parte, a cambio de un perjuicio preventivo, por otra. En un caso así es necesario
sopesar los ñnes de prevención especial y general y ponerlos en un orden
de prelación. En ello tiene preferencia la prevención especial hasta un grado
que a continuación habrá que determinar, de forma que en nuestro ejemplo
la pena que se impondría sería la de un año de prisión, con remisión condicional.
Pues, en primer lugar, la resocialización es un imperativo constitucional
(cfr. nm. 14), que no puede ser desobedecido donde sea posible su cumplimiento.
Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que, en caso de conflicto,
una primacía de la prevención general arpenaza con frustrar el fin preventivoespecial,
mientras que, por el contrario, la preferencia de la prevención
especial no excluye los efectos preventivogenerales de la pena, sino que, a lo
sumo, los debilita de forma difícilmente mensurable; pues también una pena
atenuada actúa de forma preventivogeneral. Por otra parte, corresponde la
preferencia a las necesidades preventivoespeciales sólo hasta donde la necesidad
mínima preventivogeneral todavía lo permita (como es el caso en nuestro
ejemplo). Es decir, por motivo de los efectos preventivoespeciales, la pena no
puede ser reducida hasta tal punto que la sanción ya no se tome en serio en
la coniíunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el ordenamiento jurídico
y a través de ello se estimularía la imitación. En muchos casos, aunque no
siempre, el límite inferior del marco penal atiende ya a la consideración del
"mínimo preventivogeneral" .

El significado de la prevención general y especial se acentúa también de 41
forma diferenciada en el proceso de aplicación del Derecho penal. En primer
lugar, el fin de la conminación penal es de pura prevención general. Por el
contrario, en la imposición de la pena en la sentencia hay que tomar en
consideración en la misma medida las necesidades preventivas especiales y
generales a tenor de lo expuesto en los nm. 37-40. Por último, en la ejecución
de la pena pasa totalmente a primer plano la prevención especial, como también
pone de manifiesto el § 2 StVoUzG, que sólo menciona la (re)socialización
como "fin de la ejecución". Ahora bien, esto no puede interpretarse en el
sentido de que los fines de la pena sobre los diferentes estadios de la aplicación
del Derecho penal permitan dividirse con una nítida separación. No se trata
de una tajante distinción por fases, sino de una ponderación diferenciada.
Pues si la conminación penal debe conservar su función motivadora, la ejecución
tampoco puede perder totalmente el efecto preventivogeneral (cfr. supra
nm. 40 e infra nm. 44); no debe pretender conseguirlo aquí expresamente,
pero debe estar garantizado mediante los condicionamientos en su marco.

Por otro lado, también sucede que la pena sólo puede desarrollar sus efectos preventivo especiales
si éstos ya están preprogramados en las disposiciones legales.
La teoría preventiva mixta acoge, pues, en su seno los enfoques preventivo especiales
y generales, a cuyo respecto unas veces es este y otras aquel punto
de vista el que pasa a primer plano: Es cierto que, donde ambos fines entren
en contradicción el uno con el otro, el fin preventivo especial de resocialización
se coloca en primer lugar . A cambio, la prevención general domina,
sin embargo, las conminaciones penales y justifica por sí sola la pena
en caso de falta o fracaso de fines preventivo especiales , mientras
que no se puede dar una pena preventivoespecial sin intención preventivo general
alguna, a pesar de la dominancia absoluta del fin de socialización en la
ejecución. La teoría unifícadora, tal y como aquí se defiende, no
legitima, pues, cualquier utilización, sin orden ni concierto, de los puntos de
vista preventivoespeciales y generales, sino que coloca a ambos en un sistema
cuidadosamente equilibrado, que sólo en el ensamblaje de sus elementos ofrece
un fundamento teórico a la pena estatal.

b) La renuncia a toda retribución
En una teoría unificadora o mixta correctamente entendida, la retribución
no puede, por el contrario, entrar en consideración, ni siquiera como un fin
atendible junto a la prevención . Contra los fundamentos en favor de este
veredicto, ya expuestos en nm. 8-10, se ha objetado en ocasiones que sólo la
teoría de la retribución puede justificar el castigo de los criminales nazis, que
actualmente vivían socialmente integrados y que ya no representaban ningún
peligro. Pero eso no es correcto. Pues un castigo de estos hechos es necesario
desde fundamentos preventivogenerales, porque si no se persiguieran se podría
estremecer gravemente la conciencia jurídica general: si tales asesinatos se
quedasen sin castigo, es posible que quisiera invocar el mismo tratamiento
cualquier otro autor de homicidio, respecto del cual no hay peligro de reincidencia
y exigir del mismo modo la impunidad. Esto obligaría a relativizar la
validez de la prohibición de matar y su efecto preventivo de forma intolerable.
La idea de retribución tampoco cabe integrarla en la teoría mixta entendiendo,
como a menudo sucede, que la "esencia" de la pena se ve en la causación
retributiva de un mal, mientras que su fin justificador, en los objetivos
preventivos del Derecho penal '^. Pues las instituciones jurídicas no tienen

"esencia" alguna independiente de sus fines, sino que esa "esencia" se determina
mediante el fin que con ellos quiere alcanzarse. Cierto es solamente que
toda pena es una intervención coercitiva del Estado y una carga para el condenado,
en cuanto es inherente a ella un elemento represivo. La orden de
disfrutar unas vacaciones en Mallorca no podría califícárse de pena. Pero eso
no radica en un carácter retributivo de la pena conforme a su esencia, sino
en que sus irrenunciables componentes de finalidad preventivogeneral
(nm. 40 s.) se fi:iistrarían si motivaran a la comisión de hechos delictivos en
vez de a su omisión. En cambio, una pena terapéutica que consistiera en un
"training social" no contradiría la "esencia" de la pena, puesto que tal pena
exige del condenado esfuerzos mayores que el mero "cumplimiento pasivo"
del sometimiento a custodia y, por tanto, de ninguna manera carece de efectos
preventivogenerales.

Es cierto además que en el castigo reside un "reproche ético-social", como 45
hoy es admitido generalmente. Con este criterio se ha tratado de delimitar la
pena en cuanto a su contenido de otras sanciones; así, de la pena disciplinaria
como un "apercibimiento de deberes", o de la multa coactiva como un "medio
de doblegación". De todas formas, estas diferencias son un poco artificiosas
porque en el efecto sobre los afectados apenas son perceptibles y porque tales
diferenciaciones desconocen que la delimitación de una sanción criminal o no
criminal en los límites arriba trazados es una libre decisión del legislador (cfr.
para más detalles § 2, nm. 39 ss.). Pero sea como fuere: del hecho de que en
el castigo radica un "reproche social" no se deduce que la pena sea esencialmente
retribución ni tampoco únicamente causación de un mal. Pues de la
desaprobación de una conducta se puede derivar igualmente la consecuencia
de que tiende a su futura evitación en el sentido de influencia resocializadora.

c) El principio de culpabilidad como medio de limitación
de la intervención

No obstante, a pesar de la renuncia a toda retribución, un elemento decisivo 46
de la teoría de la retribución debe pasar a formar parte también de la teoría
preventiva mixta: el principio de culpabilidad como medio de limitación de la
pena. El defecto que les es propio a todas las teorías preventivas, cual es que
su enfoque no entraña en sí las barreras del poder sancionador, necesarias en
el Estado de Derecho (nm. 16, 31), se remedia óptimamente mediante una
prohibición de rebasamiento de la culpabilidad. Según esto, la pena tampoco
puede sobrepasar en su duración la medida de la culpabilidad aunque intereses
de tratamiento, de seguridad o de intimidación revelen como deseable una
detención más prolongada. La intervención coercitiva estatal se quiebra en un
caso así ante el interés de libertad del procesado, que debe someterse a las
exigencias del Estado, pero no al arbitrio de éste, sino sólo en el marco de la
culpabilidad del sujeto. El principio de culpabilidad tiene, pues, una función
liberal absolutamente independiente de toda retribución, y por mor de la libertad
de los ciudadanos también debería conservarse en un Derecho penal
moderno.

La exigencia de que la pena no pueda ser en ningún caso superior a la
culpabilidad del autor, se reconoce hoy en la República Federal de forma
absolutamente mayoritaria. La mayoría de las veces se admite incluso que una
pena que sobrepasa la medida de la culpabilidad atenta contra la dignidad del
hombre (art. 1 GG), de forma que según esto el principio de culpabilidad
tendría un rango constitucional en su función limitadora de la pena (BVerfGE
20, 323, 331) ^'. Esto es dudoso por lo menos en lo que respecta a la cuantía
o magnitud de la pena, porque por regla general no se pone en tela de juicio
la constitucionalidad de las medidas de seguridad no limitadas por el principio
de culpabilidad (sobre ello, infra nm. 54 ss.) y porque ordenamientos juridicos
extranjeros, a los que no se puede reprochar un menosprecio de la dignidad
humana, generalmente no han establecido legalmente de forma alguna el principio
de culpabilidad ^*''. No obstante, el principio de culpabilidad es el medio
más liberal y el psicológicosocial más propicio para la restricción de la coerción
penal estatal que hasta ahora se ha encontrado. Puesto que el grado o la
cuantía de la culpabilidad se determina por factores internos en la persona
del autor y por la dimensión de los daños ocasionados, se puede contraponer
eficazmente a las exigencias preventivas determinadas por los intereses de la
sociedad. Además, corresponde al sentimiento juridico general la restricción
del límite superior de la pena a una duración correspondiente a la culpabilidad,
lo cual, en esa medida, tiene pleno sentido también desde el punto de vista
preventivo *". La sensación de justicia, a la cual le corresponde un gran significado
para la estabilización de la conciencia jurídicopenal, exige que nadie
pueda ser castigado más duramente que lo que se merece; y "merecida" es
sólo una pena acorde con la culpabilidad.

Por el contrario, desde el punto de vista de teoría de la pena no hay objeción
alguna contra una pena cuya cuantía se quede por debajo de la medida de la
culpabilidad. Ciertamente, la pena no puede sobrepasar la medida de la
culpabilidad, pero puede no alcanzarla siempre que eso lo permita su fin
preventivo. En ello radica una diferencia decisiva frente a la teoría de la
retribución, que, ciertamente, también limita la pena por la medida de la
culpabilidad, pero que reclama en todo caso dicha pena correspondiente a
la misma con independencia de toda necesidad preventiva.

La concepción aquí defendida evita también los reparos que se plantean
desde el punto de partida del determinismo contra una utilización del concepto
de culpabilidad en Derecho penal. Pues ciertamente la culpabilidad presupone
en el fuero interno la libertad de comportarse de una u otra forma. Pero
cuando la afirmación de la culpabilidad humana sirve solamente para trazar
una frontera a una intervención estatal necesaria desde fundamentos preventivos,
la legitimidad de su reconocimiento como uno de los medios de salvaguarda
de la libertad ciudadana no depende de su demostrabilidad empírica
o epistemológica. Su aceptación es una posición normativa, una regla de juego
social, que no responde a la pregunta de cómo está configurada en su esencia
la libertad humana, sino que solamente dispone que el hombre debe ser tratado
por el Estado como libre en principio y capaz de responsabilidad.

La pregunta relativa a la existencia real de la libertad de voluntad puede y debe
ser excluida debido a su imposibilidad de decisión objetiva '.

Puesto que el principio de culpabilidad sólo sirve como instrumento para la restricción de
la prevención, no perjudica a los particulares, sino que los protege; también
un determinista puede admitir semejante principio jurídico normativo, porque
ello no afecta a su convencimiento de la condición real del curso del mundo.
En el Derecho sucede lo mismo con la culpabidad y la libertad que con la
dignidad humana (que las presupone), cuya existencia asimismo no es "de-
mostrable", pero cuya admisión tampoco es impugnable con argumentos empíricos.
Las cosas son de otra manera si se contempla la retribución como cometido de la pena.
Pues entonces no es la necesidad preventiva en lo que debe basarse la intervención estatal,
sino la compensación de la culpabilidad; frente a esto se puede alegar con razón que las
intervenciones estatales no se pueden fundar en suposiciones indemostrables, sino sólo en
necesidades sociales. Pero esta objeción no afecta a la teoría unificadora aquí defendida.
Mediante la vinculación de la pena al principio de culpabilidad también se
eliminan las objeciones que parten del hecho de que mediante la persecución
de fines preventivos se trata al particular como "medio para el fin" y se le
perjudica así en su dignidad como persona (nm. 4, 17, 31). En cuanto a los
esfiierzos para la socialización preventivoespecial, sin duda se eliminan las
objeciones ya por la necesidad de una colaboración voluntaria y autorresponsable
del procesado (nm. 38). Pero en la medida en que en los fines de la pena
se sigue tratando del aseguramiento individual y general y de la intimidación,
tal objeción sólo puede afectar al supuesto de que al particular se le haga
objeto de los fines preventivos más allá de la medida de su responsabilidad.
Pues dentro del marco de lo merecido toda pena, dado que se le impone al
sujeto contra su voluntad, supone tratar al afectado como medio para un fin
que primariamente no es el suyo; y que ese fin sea de tipo preventivo-social
o, por el contrario, ideal (retribución compensadora de la culpabilidad), no
cambia en nada el hecho de que el condenado es siempre el objeto del poder
coercitivo del Estado. Considerar esto inadmisible significaría que el Estado
debería renunciar absolutamente a la pena y a la coerción, de lo cual no ha
sido capaz todavía ningún ordenamiento jurídico conocido *^.
En ocasiones se ha intentado renunciar por completo al principio de culpabilidad,
afectado por su anterior vinculación con la teoría retributiva y por
las controversias filosóficas, y poner en manos del principio de proporcionalidad
la necesaria limitación de la pena '*^. Pero éste no es el camino idóneo
para la solución del problema ''^, como ya muestra una ojeada a la ley. Pues
según el Derecho vigente, las medidas de seguridad encuentran su límite en
el principio de proporcionalidad (§ 62). Pero si el legislador siempre acude a
las medidas de seguridad allí donde la protección eficaz de la sociedad no está
garantizada mediante penas (cfi-. al respecto nm. 54 ss.), ello se debe a que
las medidas de seguridad, a pesar de su restricción por el principio de proporcionalidad,
posibilitan intervenciones mucho más fiíertes en la libertad del
inculpado que las que permite el castigo en los límites del principio de culpabilidad.
Esto es también fácilmente explicable desde el planteamiento teórico,
pues el interés de prevención se excluye precisamente en la determinación de
la magnitud de la pena por el principio de culpabilidad —debido a su fijación
sobre el hecho cometido—, y este efecto limitador de la pena no puede lograrse
por ningtín otro principio. El principio de proporcionalidad significa solamente
una prohibición del exceso en el marco de la duración de una sanción determinada
sólo preventivamente (cfr. nm. 58) y ofrece mucho menos para la
limitación de la intervención coercitiva del Estado; por eso no puede reemplazar
al principio de culpabilidad.

d) Recapitulación

La teoría penal aquí defendida se puede resumir, pues, como sigue: la pena 53
sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud
por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este
límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivoespeciales y a ello no
se opongan las exigencias mínimas preventivogenerales. Una concepción así
no tiene en modo alguno un significado predominantemente teórico, sino que,
aparte de lo ya expuesto, tiene también muchas e importantes consecuencias
jurídicas. Cómo repercute en particular esta teoría en la aplicación del Derecho
vigente es algo que tan sólo puede ser expuesto más detídladamente en posteriores
partes de este libro, así, en la discusión de la culpabilidad (§ 19), del
sistema de sanciones (tomo II) y de la determinación de la pena (tomo II).

BAJA EL LIBRO: http://rapidshare.com/files/140618179/Roxin__Drecho_Penal_Parte_General_T1.rar

TEORIAS DE LA PENA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO‏

2009-03-18T04:46:00.000-07:00

Reunion del día 16/ 3/09
Fundamentos de la Pena
FUNDAMENTO TELEOLÓGICO

Guía de Estudio.

Material bibliográfico indicado:

Obligatorio:

-Zaffaroni, Eugenio R., Alagia, A., Slokar, A; “Derecho Penal. Parte Gral.” EDIAR, Capítulo II, parágrafos 5-6-7, pag. 41 a 68 (las indicaciones de páginas corresponden a la edición del año 2000).
-Roxin, Klaus, “Derecho Penal. Parte Gral.” CIVITAS, parágrafo 3, [nros. marginales 32 a 53 (pag. 93 a 103)]
-Constitución de la Nación Argentina.

Opcional y complementario:

1.-Cualquier libro de texto de los indicados por la cátedra.

2.-Michel Foucault,“Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión”, Siglo XXI editores, Capítulo: Prisión, puntos I y II, (pág. 233 a 299 en la 17 ed.)

3.-Baratta Alessandro,“Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal”, Siglo XXI editores, cap. I,II, VII y VIII.

4.-Rabossi, E. “La justificación Moral del castigo”, Astrea, Cap. II

A.- ¿Es importante el tratamiento del tema? Establecer el por qué del tratamiento del tema “justificación del castigo estatal” en general y la justificación de la aplicación de penas en especial. Realizar una comparación entre la finalidad del derecho penal y el tema del castigo estatal.
B.-

1º.-
a) Realizar un esbozo de las diferentes respuestas que se dan al problema de la justificación del castigo estatal, señalando los autores fundamentales de cada concepción.

b) Explicar la teoría del Prof. Roxin.

2º.- Establecer claramente las diferencias entre una y otras concepciones.

3º.- Describir las críticas recíprocas realizadas por cada una de las concepciones sobre la justificación del castigo estatal.

4º.- Señalar las críticas realizadas por el Pof. Zaffaroni. ¿Qué significa “concepto negativo o agnóstico” de la pena?

5º.- Establecer la compatibilidad de cada una de las concepciones con el programa Constitucional. (incluyendo los pactos incorporados por el art. 75 inc. 22 de la C.N.).

6º.- ¿Qué es la criminología positivista? ¿Cuál es su función y objeto de estudio?

7º.- Explicar en que consiste la “ideología de la defensa social”

8º.- Esbozar en que consiste el “labelling aproach” o teoría del etiquetamiento. ¿Tiene alguna relación con la teoría del profesor Zaffaroni?

Nota: el material bibliográfico estará disponible en la carpeta de la comisión; para la clase del jueves 19, deben contestar las preguntas 1 a 5.

El material de Roxin, esta en el blog...

Programa de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal 2009

2009-03-10T03:26:00.000-07:00

Primera parte del Programa de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal 2009

Horario: Lunes y Jueves de 15.30 a 17.00hs.
Comisión: 7701 Aula 144
Adjunta Regular: Cristina Caamaño
Ayudantes Docentes: Augusto Martins; Daniel Togni, Fernando Castro, Jessica Roncero, María Eva Asprella y Lorena Destefano.

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1ª parte. El derecho penal:

Lunes 9/3:

Presentación del curso y de los integrantes.
Primera parte.

Jueves 12/03:

1. El derecho penal.
Derecho penal. Definición. Análisis. Función y legitimación.
Consecuencias jurídicas. Ius puniendi. Penas.
2. La pena.
Concepto de pena. Penas que aplica nuestro código.
Pena de muerte. Función.
Pena de privación de la libertad. Sentido de la cárcel. Función

Lunes 16/03:

3. Fundamentos de la pena.
Fundamentos obligatorio, real, del conocimiento, jurídico y teleológico.
Fundamento obligatorio, ver Constitución Nacional –art. 75, inc. 12, 18 y tratados de DD.HH-, volvemos sobre este fundamento en el punto 6.
3.1 Fundamento real: pp. de reserva. Sistema de doble vía. Pena y Medida de seguridad.
Diferencia entre delito y peligrosidad
3.2 Fundamento del conocimiento: obtención de la prueba. Límites.
3.3 Fundamento jurídico: legitimidad del Estado para aplicar penas. Límites.

Jueves 19/03:

3.4 Fundamento teleológico: Teorías de la pena. Críticas.
Abolicionismo. Introducción.

Lunes 23/03:

4. Interpretación de la ley.
Distintas interpretaciones de la ley. Teleológica-subjetiva. Gramatical. Histórico. Sistemática. Teleológica-objetiva. Aplicación práctica. Rango de las reglas de interpretación.
Límites de la interpretación.

Jueves 26/03:

5. Dogmática penal.
Método. Teoría del delito. Delito. Definición.
Criminología. Definición.
Criminología clásica y criminología crítica. Peligrosidad del sujeto.
Política criminal. Criminalización. Selectividad. Cifra negra.

Lunes 30/03:

6. Principios básicos constitucionales.
Principio de legalidad. Prohibición de analogía. Prohibición de retroactividad.
Prohibición de basarse en la costumbre. Mandato de certeza. Excepciones.
Principio de reserva.
Principio de culpabilidad. Ley previa.

Jueves 02/04: Feriado

Lunes 06/04:

7. Validez de la ley penal.
7.1 Validez espacial.
Territorio. Definición. Territorio interno.
Principios que justifican la aplicación de la ley penal. Principio real, universal, de la nacionalidad y territorial. Aplicación de cada principio.
Lugar para determinar el lugar dónde se cometió el ilícito.

Jueves 9/4: Feriado

Lunes 13/04:

7.2. Validez temporal.
Ley vigente. Ley previa. Irretroactividad de la ley. Definición. Fundamento. Principio aplicable. Exigencia para aplicar la ley. Excepciones.

8. Extradición.
Concepto. Requisitos. Principio en que se basa la extradición.
Ley de Cooperación Internacional en materia penal n° 24.767.
Casos en que no se aplica la extradición.
Delito político. Definición. Diferencia con terrorismo. Asilo. Definición.

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2ª Parte. Teoría del Delito:

Jueves 16/4:

9.Teoría del delito. Definición. Para qué sirve. Para qué se utiliza. 16/04
Diferencia entre delitos de lesión y de peligro.
Teorías del delito: causalismo, finalismo, funcionalismo.
Elementos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad.
10. Tipicidad. Tipo objetivo. Acción. Definición. Elementos. 20/04
La acción como comportamiento exterior evitable.
Causales de exclusión de la acción.

Jueves 23/04:

11. Tipicidad del delito de lesiones.
Tipo objetivo. Relación de causalidad e Imputación objetiva. Resultado.
Distintas teorías que analizan el nexo causal.
Tipicidad. Tipo objetivo: sujetos, objeto, elementos descriptivos y normativos. Circunstancias atenuantes o agravantes. Consentimiento.
12. Criterios propios de la imputación objetiva: riesgo permitido; principio de confianza; prohibición de regreso y la posición de garante 27/04
13. Tipicidad. Tipo subjetivo. Dolo. Elementos que lo componen. 30/04 y 4/05
La exclusión del dolo: Error de tipo. Invencibilidad o vencibilidad. Error de tipo especial.
Las formas del dolo.
Elementos subjetivos del injusto.

Jueves 7 y Lunes 11/5:

14. Antijuridicidad. La justificación. Las causas de justificación en general y en particular.
Requisitos de cada una de las causas de justificación específicamente penales.

Jueves 14 y Lunes 18/05:

15. Culpabilidad. Elementos que la componen.

Capacidad de comprender. Art. 34 del C. P. Actio libera in causa.
Conocimiento de la antijuridicidad. Error de prohibición.
16. Causas de exculpación o inculpabilidad. Enumere y analice cada una.
Punibilidad. Excusas absolutorias. Determinación de la pena aplicable al hecho concreto.

Jueves 21 y Jueves 28/05

16. Tentativa. Concepto y elementos. Iter críminis. Teorías.
Tentativa acabada e inacabada.
Tentativa idónea e inidónea (delito imposible)
Tentativa irreal.
Desistimiento. Requisitos en la tentativa acabada e inacabada.
Delito putativo.

Lunes 1/06 y Jueves 4/06:

17. Autoría y participación. Distintas teorías.
Autoría directa, mediata y coautoría.
Partícipe primario y secundario. Instigación

Lunes 8 y Jueves 11/06:

Clases de Repaso y conclusión de algún tema:

Parcial: LUNES 29 DE JUNIO

Entrega de notas: a partir del 07/08

Recuperatorio: 20/08

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2do. Cuatrimestre: